El principal requisito para poder ampararse en esta Ley es que el deudor sea un deudor de “buena fe”. A estos efectos, se entiende que un deudor es de buena fe si cumple con estos requisitos:

• Que no haya sido declarado culpable en un concurso de acreedores, o lo que es lo mismo, que su insolvencia no sea ocasionada por culpa grave o dolo o con tal de defraudar a los acreedores.
• Haber negociado previamente con los acreedores para llegar a un acuerdo extrajudicial y que no haya sido posible por su situación económica.
• Que las deudas no superen los 5 millones de euros.
• Que la pyme no tenga más de 50 trabajadores.
• Que, en los últimos 10 años, el deudor no haya sido condenado por falsedad documental, delitos contra el orden socioeconómico, contra el patrimonio, contra Hacienda o Seguridad Social, o contra los empleados.
• Que en los cuatro años inmediatamente anteriores a su situación de insolvencia no haya rechazado una oferta de empleo adecuada a su capacidad.
• Que, en los últimos 5 años anteriores a la solicitud de este procedimiento, el deudor no se haya beneficiado ya de esta Ley de Segunda Oportunidad.
• Aceptar el Plan de Pagos que se propone en esta condonación legal.
• Aceptar la inscripción en el Registro Público Concursal de la resolución favorable.